México, que el 17 de enero pasado ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, considera que la introducción de la perspectiva de discapacidad en el desarrollo es fundamental. En virtud de que existe una estrecha correlación entre pobreza y discapacidad así como una ignorancia hacia las personas con discapacidad en el tema del desarrollo, como lo ejemplifica que en el informe 2007 sobre los objetivos de desarrollo del Milenio no se les mencione, consideramos que si continúa esta situación, no se cumplirán los objetivos establecidos.

Identificamos diez puntos básicos para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el desarrollo:

1. Reforzar la promoción del trabajo digno. Percibimos paradigmas que impiden la inclusión laboral de este sector:
a) pensar que se requiere crearles empleos específicos;
b) Creer que solamente pueden desempeñar determinados puestos aún cuando cuenten con preparación profesional;
c) que contratarlos es una cuestión de altruismo y filantopía;
d) que no están en condiciones de cumplir sus tareas y aumentarán los costos. Esto es consecuencia de la falta de información de los empleadores y la carencia de compromiso de los gobiernos para exigir el cumplimiento del derecho al trabajo de este grupo. Frecuentemente son los propios gobiernos quienes incumplen, al no contratarlas en puestos públicos; los funcionarios persisten en dejar a la discapacidad en manos solamente de la iniciativa privada.

2. El no contemplar a la discapacidad como una política de estado es, de inicio, excluyente. Persiste la falta de asignación de recursos para los programas sobre discapacidad en los Ministerios. Mi país apoya ampliamente que la discapacidad se tenga en cuenta en toda la programación y no como un asunto temático independiente. Debe ser una política transversal, cruzando además por los dobles y triples grupos discriminados: niños, mujeres, mayores, indígenas con discapacidad.

3. Mi delegación apoya ampliamente las iniciativas para incorporar una perspectiva de derechos humanos y no discriminación en todos los programas. Se debe dejar de considerar a la discapacidad como un asunto únicamente de salud, sin asumir que se trata de una cuestión de reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. En este sentido, México convoca a evitar el manejo asistencialista de la discapacidad, que es discriminatorio.

4. Acorde con el 6º objetivo de desarrollo del Milenio: combatir el VIH/SIDA, apoyamos la iniciativa de utilizar la experiencia adquirida en la incorporación de las perspectivas de género y del VIH/SIDA. La falta de formatos accesibles en la materia anula la educación y por tanto la prevención. Aplaudimos la campaña africana sobre la discapacidad y el VIH/SIDA, buena práctica a imitar en el marco de los Decenios.

5. Mi delegación considera fundamental que las personas con discapacidad asuman un papel protagónico en la adopción de decisiones y desarrollen ampliamente su papel de expertos en la realización de planes y programas, para hacer realidad el principio: nada de nosotros sin nosotros. Se requiere de oficinas gubernamentales en la materia, pero sobre todo, de redes que enlacen y refuercen el trabajo de la sociedad civil. Los gobiernos deberían considerar la inclusión de las personas con discapacidad en puestos administrativos y legislativos.

6. Para la formulación y aplicación de políticas, es fundamental la correcta recolección de datos y estadísticas en materia de discapacidad. Es necesario instar a los Estados a la urgente actualización en el tema, acudiendo si se requiere, a la cooperación internacional contemplada en el artículo 32 de la Convención, que abarca además del aspecto financiero, el intercambio de información, experiencias y prácticas.

7. La capacitación adecuada sobre discapacidad del personal que trabaja en la administración de justicia podrá hacer realidad la impartición de una justicia igualitaria.

8. La capacitación del personal de salud en materia de discapacidad -y no solamente aquellos que se ocupan de la prevención y la rehabilitación-, permitirá un acceso igualitario a programas de salud general, de salud sexual y reproductiva, así como a las tecnologías diagnósticas. La limitación de las personas con discapacidad para obtener seguros de salud o de vida es un factor que impide su desarrollo; las legislaciones deberán evitar esta exclusión.

9. Asegurar la accesibilidad al entorno físico, a la comunicación, incluyendo las nuevas tecnologías de la información, es asegurar inclusión, independencia y dignidad a las personas con discapacidad.

10. Aunque introducir una perspectiva, es un proceso a largo plazo, es vital centrar las iniciativas no sólo en planes nacionales amplios, cuyos resultados difícilmente son percibidos de inmediato por los beneficiarios. Se deben también aplicar acciones medibles, marcando los progresos que se alcancen paulatinamente en los programas sectoriales. Los planes de financiamiento locales deben siempre contemplar a las personas con discapacidad y en el caso de que existan, a sus cuidadores. El informe del Secretario General A/62/157 destaca que durante los ejercicios económicos 2002 a 2006 del Banco Mundial, tan sólo el 5% de los nuevos compromisos de préstamo tenían un componente de discapacidad. México propone que las instituciones gubernamentales de cada país difundan entre las organizaciones de personas con discapacidad la posibilidad de solicitar préstamos a ese organismo para sus proyectos, así como la posibilidad de acceder al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Problemas de Discapacidad, enfatizando a las zonas rurales e indígenas por la relación pobreza/discapacidad.

Finalmente, dos reflexiones:
1.Recordando que en el Informe del Secretario General arriba citado se invita a la Asamblea General a utilizar el término “personas con discapacidad”, le solicitamos respetuosamente Señor Presidente, hacer extensiva la invitación a los amables traductores en esta sala, al igual que lo expresó el Embajador Don MacKay durante los trabajos de la Convención.

2.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es en sí misma, un vehículo para la inclusión de la perspectiva de discapacidad al desarrollo. México invita a la comunidad internacional para que ratifique este importante tratado. 16 países ya lo han hecho, necesitamos 4 más para que el instrumento entre en vigor.

Nueva York, 12 de febrero de 2008